Johnson, obligado a retirar cobro a trabajadores extranjeros del NHS

THE GUARDIAN — VIERNES, 22 DE MAYO DE 2020

Downing Street cede a la presión de la oposición y barones conservadores en medio de crisis

Boris Johnson se ha visto obligado a dar el primer volantazo político importante de su mandato el jueves, en que anunció que el personal y los trabajadores asistenciales del NHS extranjeros ya no tendrían que pagar un controvertido recargo según el visado de sus pasaportes.

El primer ministro enfrentó una creciente tensión dentro de sus propias filas sobre la tarifa después de que el líder laborista Keir Starmer planteara el tema en la Cámara de los Comunes, el miércoles.

Parlamentarios y colegas conservadores dijeron a Johnson que mantener dicha política era “mezquino e inmoral” y que se arriesgaba a una humillante rebelión en una enmienda laborista a la ley de inmigración.

Ante los temores de que el Gobierno se hubiera puesto a sí mismo contra las cuerdas, con emotivos llamamientos vía internet por parte del personal y los trabajadores asistenciales del NHS, y con el desacuerdo público expresado por el exministro de sanidad conservador Jeremy Hunt, fuentes gubernamentales informaron que el primer ministro estaba “pensando mucho” sobre el cobro — hasta que se conoció su derogatoria, poco antes de las 5 de la tarde.

El retroceso — aclamado por Starmer como una “victoria para la decencia común” — se produjo pocas horas antes de que el primer ministro participara en el evento semanal Clap for Our Carers [‘Aplausos para quienes nos cuidan’] que los críticos destacaron como un ejemplo de hipocresía gubernamental.

La cancelación pone fin a una controversia que se prolongó durante casi un mes, en que la ministra del interior Priti Patel dijo que la política estaba bajo revisión — solo para que el Ministerio posteriormente diera un paso atrás con la promesa, diciendo: “Mantenemos todas las políticas gubernamentales continuamente bajo revisión.”

Después de que la disputa llegara a un punto crítico, Downing Street dijo que Johnson la consideraba “un gran problema” y dijo entender las dificultades que enfrentan los trabajadores del NHS antes de dar luz verde al cambio de política.

“El Primer Ministro ha solicitado al Ministerio del Interior y al Departamento de Asistencia Social que se elimine el recargo a los trabajadores médicos y asistenciales lo antes posible,” dijo un portavoz.

El recargo actual es de £400 e iba a aumentar a £624 en octubre, y debe ser eliminado para todo el personal del NHS, tanto a sus trabajadores de sanidad, transporte y limpieza [cleaners], así como los trabajadores sanitarios y asistenciales independientes — muchos de los cuales solo ganan el sueldo mínimo. También se incluye a médicos, enfermeras y paramédicos, a los que anteriormente se había otorgado una exención de un año.

Sin embargo, solo 24 horas antes — durante la ronda semanal de Preguntas al Primer Ministro (PMQ) — Johnson había defendido con uñas y dientes el cobro en un intercambio de palabras con Starmer justificándolo con la contribución financiera que su recaudación hace al NHS, la cual estimó en £900 millones.

Cifras de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes mostraron que, durante cuatro años, se recaudó £917 millones de los inmigrantes que pagaron el recargo. La biblioteca estimó que costaría alrededor de £35 millones al año exceptuar a todo el personal del NHS, y más a los trabajadores asistenciales.

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Ley de seguridad de Beijing “significará el fin de Hong Kong”

Una propuesta de China para imponer nuevas leyes de seguridad nacional en Hong Kong prohibiría la subversión, el separatismo o los actos de interferencia extranjera contra el gobierno central, el cual podría establecer “órganos de seguridad” en el territorio, indica un borrador de la decisión.

Los esfuerzos del Partido Comunista para imponer una ley de seguridad nacional se han interpretado ampliamente como una medida para asumir el control total del territorio, sacudido por protestas en favor de la democracia durante el año pasado. Los críticos dicen que borrará efectivamente el marco de trabajo de “un país, dos sistemas” que tiene por objeto otorgar a Hong Kong un alto grado de autonomía.

Los legisladores presentaron una decisión allanando el camino para una ley que “prevenga, detenga y castigue cualquier acto para dividir el país, subvertir el poder estatal, organizar y llevar a cabo actividades terroristas y otros comportamientos que pongan en grave peligro la seguridad nacional”.

La ley prohibiría “actividades de fuerzas externas y extranjeras que interfieran” en asuntos de Hong Kong. “Cuando sea necesario, los órganos de seguridad nacional relevantes del Gobierno Popular Central establecerán agencias [en Hong Kong] para cumplir con las obligaciones pertinentes para la salvaguarda de la seguridad nacional,” dice el documento.

La noticia del plan de China ha provocado una amplia condena internacional y ha aumentado la posibilidad de nuevos disturbios. Los opositores a esta ley dijeron que podría usarse para atacar a los críticos del gobierno central — especialmente a los manifestantes — y permitiría que la seguridad del estado chino opere en Hong Kong.

La legisladora prodemocrática Helena Wong dijo: “Ni siquiera el SAR — gobierno de la región administrativa especial — podrá regular lo que hagan los agentes en Hong Kong.” El viernes por la tarde, los legisladores protestaron contra la decisión en la sala de la legislatura de Hong Kong, y fueron retirados del lugar por la fuerza.

Sucesivos gobiernos de Hong Kong se han visto incapaces de aprobar las leyes de seguridad nacional, debido a las preocupaciones públicas de que erosionarían libertades civiles como la libertad de expresión. El intento más reciente fue archivado, después de que medio millón de personas saliera a las calles en las protestas de 2003.

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Absuelto de corrupción… pero enfrenta nueva acusación

El primer ministro Boris Johnson ha evitado una investigación criminal sobre su relación (foto principal) con la empresaria estadounidense Jennifer Arcuri mientras fue alcalde de Londres, pero enfrentará una nueva investigación sobre su conducta en el cargo luego que la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) encontrara evidencia de que la estrecha relación entre la pareja tuvo influencia sobre funcionarios del gobierno.

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