THE GUARDIAN – MIÉRCOLES, 16 DE MAYO 2018
Carillion colapsó como resultado de “imprudencia, arrogancia y avaricia” entre directores que ponen sus recompensas financieras por encima de cualquier otra preocupación, según un demoledor informe sobre la desaparición de la empresa que extiende la culpa entre los miembros del directorio, el gobierno, contadores y reguladores.
La compañía, que gestionaba grandes proyectos de construcción y proporcionaba servicios gubernamentales que iban desde comidas escolares hasta mantenimiento de prisiones y limpieza de los hospitales e instalaciones del NHS, entró en insolvencia en enero con más de 2.000 personas despedidas desde entonces.
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El ministro del interior Sajid Javid ha revelado que más de 60 miembros de la generación Windrush podrían haber sido deportados o expulsados injustamente del Reino Unido en la primera indicación oficial de la magnitud del problema.
Compareciendo ante el comité selecto de asuntos de interior por primera vez desde su nombramiento en el cargo el mes pasado, Javid dijo que el Home Office (ministerio del interior) había identificado 63 posibles casos de eliminación ilícita de personas de la generación Windrush y advirtió que el número podría aumentar.
Los funcionarios identificaron los casos después de revisar a fondo más de 8,000 registros de deportación y expulsión de ciudadanos caribeños de 45 años o más, quienes podrían haberse beneficiado de las disposiciones de la Ley de Inmigración de 1971 que protegen su derecho a estar en el Reino Unido.
La revelación provocó nuevos llamamientos para una investigación pública sobre el escándalo Windrush, y ha provocado críticas del alcalde de Londres y la oposición.
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Ecuador financió una operación multimillonaria de espionaje para proteger y apoyar a Julian Assange en su embajada central de Londres, empleando una compañía de seguridad internacional y agentes encubiertos para monitorizar a sus visitantes, personal de la embajada e incluso a la policía británica.
Durante más de cinco años, Ecuador colocó al menos US$ 5 millones (£3.7 millones) en un presupuesto secreto de inteligencia que protegía al fundador de WikiLeaks mientras recibía visitas de Nigel Farage, miembros de grupos nacionalistas europeos e individuos vinculados al Kremlin.
Otros invitados incluyeron hackers, activistas, abogados y periodistas.
En el período previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, su sitio web de denuncias WikiLeaks lanzó varios lotes de correos electrónicos relacionados con el partido Demócrata y la campaña de Hillary Clinton.
El mes pasado, el Comité Nacional Demócrata presentó una demanda contra el gobierno ruso, la campaña de Donald Trump y WikiLeaks, alegando una conspiración para ayudar a cambiar los resultados electorales de Trump.
Los documentos muestran que el programa de inteligencia llamado “Operación Invitado”, que luego se conoció como “Operación Hotel” – junto con acciones encubiertas paralelas – tuvo un costo promedio de al menos US$ 66,000 al mes por concepto de seguridad y recopilación de inteligencia y contrainteligencia para proteger a “uno de los fugitivos de más alto perfil del mundo”.
La operación habría contado con la aprobación del entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y del entonces canciller, Ricardo Patiño, según las fuentes.
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Thomas Markle es la última víctima de la relación abusiva entre la prensa y el palacio: el padre de la novia ha sufrido un calvario por los excesos de los paparazzi. No hay señales de que nada haya cambiado desde la muerte de la Princesa Diana.
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