Día: 7 de julio de 2020

THE GUARDIAN — MARTES, 7 DE JULIO DE 2020

El sector responde describiéndolas como «una gran bofetada»

Líderes del sector asistencial, sindicatos y parlamentarios se han enfrentado a Boris Johnson después de que acusara a las residencias de ancianos de no haber seguido los procedimientos adecuados durante la crisis del coronavirus, diciendo que el primer ministro británico parecía estar culpándolos por la alta cifra de muertos.

Con casi 20.000 residentes en hogares de ancianos cuyo fallecimiento fue confirmado por causa del Covid-19 — y estimándose que la cifra real es mucho mayor — han surgido críticas generalizadas sobre la falta de equipo de protección personal (EPP), de pruebas y de pautas claras para el sector. El lunes, el número total de muertes por coronavirus en Reino Unido aumentó a 44.236 — un aumento de 16 el día anterior.

The Guardian había revelado previamente cómo los funcionarios de sanidad pública propusieron un bloqueo radical de las residencias en el punto álgido de la pandemia, lo cual fue desestimado por el Gobierno. Se descubrió que fue el personal contratado quien propagó el virus entre locales pero un plan del Ministerio de Sanidad, publicado en abril, no mencionaba nada sobre restringir los movimientos del personal. Alrededor de 25.000 pacientes fueron dados de alta en residencias sin haber sido examinados por coronavirus, según un informe oficial.

Durante una visita a Goole (Yorkshire), Johnson dijo que la pandemia había demostrado la necesidad de «asegurarnos de cuidar mejor a las personas que están en asistencia social».

«Descubrimos que muchos hogares de cuidado realmente no seguían los procedimientos de la manera en que pudieron haberlo hecho, pero estamos aprendiendo lecciones todo el tiempo. Lo más importante es financiarlos adecuadamente … pero también buscaremos formas de asegurarnos de que el sector asistencial esté adecuadamente organizado y respaldado a largo plazo,” prosiguió.

Los comentarios se produjeron después de conocerse temores de que los ministros — conscientes de una posible investigación futura sobre cómo Reino Unido llegó a tener el mayor número de muertes por coronavirus en Europa en hogares de atención, 13 veces mayor que en Alemania — podrían estar tratando de desviar algunas de las responsabilidades en organismos externos como Public Health England (PHE).

Un portavoz del Número 10 de Downing Street insistió en que Johnson no estaba culpando a las residencias, diciendo que «han hecho un trabajo brillante en circunstancias muy difíciles». «El primer ministro ha señalado que nadie sabía cuáles eran los procedimientos correctos porque no se conocía el alcance de la transmisión asintomática en ese momento,» agregó.

Sin embargo Nadra Ahmed, presidenta de la Asociación Nacional de Atención Médica — que representa a proveedores de atención pequeños y medianos — dijo que los comentarios de Johnson han sido «una gran bofetada para un sector que cuida a un millón de personas vulnerables, emplea a 1,6 millones de trabajadores de atención y pone £45 mil millones en la economía cada año.»

«A pesar de que los EPP no llegaron, a pesar de que no teníamos pruebas en nuestros servicios, a pesar de que no se ha invertido dinero en nuestro sector, todo ha funcionado, y es una gran decepción escuchar al líder de nuestro país decir lo que dijo,» añadió.

Un portavoz de la Asociación de Directores de Servicios Sociales para Adultos dijo que Johnson tenía razón al decir que el sector necesitaba reformas y más fondos. Pero agregó: «La asistencia social ha sido duramente golpeada por el Covid-19 y se siente injusto que se culpe a las residencias por la respuesta inicial a la pandemia, ya que no fueron priorizados desde el principio.»

Caroline Abrahams, directora de la charity (entidad benéfica) Age UK, dijo: «Sería injusto que alguien sugiriera que el personal asistencial ha sido autor de su propia desgracia: por el contrario, en un sistema descuidado y con problemas de liquidez, han sido magníficos durante toda la pandemia — posiblemente mucho más de lo que como país merecíamos.”

Rehana Azam, oficial nacional de servicios públicos en el sindicato GMB — que tiene muchos miembros en el sector asistencial — dijo: “Johnson se queja de lo que él y su Gobierno han establecido y no han podido cambiar. No tiene sentido que el primer ministro se quiera deshacer así del bulto.»

Los políticos de la oposición se hicieron eco de la crítica. Liz Kendall, ministra laborista de asistencia social de la oposición, dijo: “El personal, que ha hecho un esfuerzo adicional para cuidar a las personas mayores y que ha experimentado cosas que el resto de nosotros solo podemos imaginar, se horrorizará al escuchar estos comentarios del primer ministro. Boris Johnson debería asumir la responsabilidad de sus acciones y arreglar la crisis asistencial, no culpar a las residencias por los errores de este Gobierno.»

Ed Davey, líder interino del Partido Liberal-Demócrata, dijo que Johnson estaba «tratando de echar la culpa a quienes arriesgaron sus vidas cuidando a nuestros seres queridos».

Nick Forbes, líder del ayuntamiento de la ciudad de Newcastle, dijo que al comienzo de la crisis la autoridad local tenía 147 solicitudes de EPP de emergencia de residencias porque solo tenían existencias suficientes para 24 horas. «El primer ministro está lamentablemente desinformado o engaña deliberadamente con esos comentarios, y eso enfadará a las personas en todo el sector,» dijo.

Si bien el Gobierno dijo que había «lanzado un manto protector a las residencias», estudios e informes del sector han retratado una imagen diferente.

Un estudio de PHE muestra que los trabajadores asistenciales temporales transmitieron el Covid-19 entre residencias a medida que aumentaban los casos.

Durante la planificación de la pandemia de gripe en 2018, un informe de los directores de asistencia social advirtió a los ministros que los trabajadores de atención de primera línea necesitarían asesoramiento sobre «controlar la infección cruzada». Pero el plan asistencial del Ministerio de Sanidad, publicado el 16 de abril, no menciona nada acerca de restringir el movimiento de personal entre los hogares.

The Guardian también ha conocido que, si bien los funcionarios de sanidad propusieron un plan de 11 puntos para proteger las residencias en abril — que incluía un cierre radical, con personal del NHS apoyando durante cuatro semanas mientras se desplegaban sus hospitales temporales NHS Nightingale — el Gobierno lo rechazó.

El sector asistencial también se ha quejado de la falta de EPP para su personal, y los proveedores en algunos casos tienen que asegurar sus propios suministros. Al comienzo del brote, los operadores de residencias acusaron al Gobierno de «un fallo completo en el sistema» por las pruebas de Covid-19.

Los gestores de atención domiciliaria dijeron que se ha puesto en riesgo vidas, y que las condiciones para quienes padecen demencia han empeorado debido a que el Gobierno no ha hecho pruebas hasta ahora a cientos de miles de empleados y residentes.

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Reino Unido se arriesga a enfrentamiento con aliado clave por nuevas sanciones

Reino Unido se ha colocado en curso de colisión diplomática con uno de sus aliados clave, después de introducir esperadas sanciones contra violadores de los derechos humanos — entre los que se encuentra un asistente cercano del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman — por el asesinato de Jamal Khashoggi.

Las medidas — anunciadas por el ministro de exteriores británico Dominic Raab el lunes contra personas en Arabia Saudita, Rusia, Myanmar y Corea del Norte — incluyen congelamiento de activos y prohibiciones de viaje, y representan la primera vez que Reino Unido nombra y penaliza a personas y organizaciones acusadas de abuso de los derechos humanos. Las medidas entraron en vigor de inmediato.

«Aquellos con sangre en sus manos no serán libres […] de entrar a este país, comprar propiedades en Kings Road, hacer sus compras navideñas en Knightsbridge ni desviar dinero sucio a través de bancos británicos,» dijo Raab ante el Parlamento.

«No podrán poner un pie en este país, y retendremos sus ganancias obtenidas por la sangre si lo intentan.»

Las sanciones castigarán amenazas al derecho a la vida de un individuo, promoverán la libertad de tortura y esclavitud, y estarán dirigidas no solo a aquellos que cometen abusos contra los derechos humanos directamente, sino a aquellos que se benefician y se benefician de ellos.

Raab dijo que las sanciones apuntarían a 25 ciudadanos rusos involucrados en la muerte del abogado ruso Sergei Magnitsky, 20 ciudadanos sauditas involucrados en el asesinato del periodista Khashoggi, dos generales de alto rango implicados en el asesinato sistemático de los rohingyas en Myanmar, y dos organizaciones que utilizan trabajo forzoso en Corea del Norte.

El principal individuo nombrado es Saud al-Qahtani, quien las autoridades estadounidenses creen supervisó el equipo que mató a Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Raab dijo que la inclusión de altos funcionarios sauditas en la lista junto con enemigos británicos más familiares como Rusia mostró que Reino Unido no sería selectivo en la aplicación de las sanciones.

En el pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que los funcionarios del Gobierno eran responsables del asesinato, pero no el estado, y señaló que el príncipe heredero había asumido toda la responsabilidad por el crimen y dijo que todos los responsables en Arabia Saudita deben rendir cuentas.

Por su parte, la ministra de exteriores de la oposición Lisa Nandy instó al Gobierno a sacar conclusiones más amplias sobre su alianza con Arabia Saudita.

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Primeras órdenes

Alegría en Escocia por la reapertura de cervecerías y cafés al aire libre (foto principal)

METRO — MARTES, 7 DE JULIO DE 2020

Acusan a exparlamentario de azotar a una mujer en su domicilio en ausencia de su esposa

Un exparlamentario ha agredido sexualmente a una mujer, persiguiéndola por toda su casa, dándole de palmazos en el trasero y gritándole «Soy un Tory [miembro del Partido Conservador] travieso, soy un Tory travieso», según un tribunal.

El presunto acoso protagonizado por Charlie Elphicke, de 49 años, ocurrió mientras su esposa Natalie estaba fuera de la ciudad por negocios y sus dos hijos pequeños dormían. Su víctima fue una de las dos mujeres — la otra es una trabajadora parlamentaria — que le acusan de haberlas agredido.

Elphicke compareció ayer para su juicio en la corte de la corona de Southwark de la mano de su esposa (foto principal), una abogada que le sucedió como parlamentario por Dover en noviembre pasado después de dejar su escaño.

El acusado dijo ante el jurado que sus presuntas víctimas acudieron a la policía después de que su nombre apareciera en una lista de políticos acusados ​​de conducta sexual inapropiada, publicada en octubre de 2017, en el apogeo del movimiento #MeToo. El primer presunto ataque fue en la casa de Elphicke en junio de 2007, tres años antes de convertirse en parlamentario.

Su víctima dijo que se sintió «halagada» de que le ofrecieran vino caro y sintió que estaba en una situación de «amiga gay», según el tribunal.

Luego Elphicke le dijo que le gustaba «la esclavitud y los látigos», y le preguntó si a ella le gustaba el «cuero».

La fiscal Eloise Marshall QC dijo: «[A la denunciante] Le parecieron un poco extrañas y, francamente, inmaduras, tales referencias. Ella le pidió más vino y él le dijo que se acercara a llenárselo ella misma.»

Elphicke luego la inmovilizó en el sofá, le agarró uno de los pechos y trató de besarla, dijo Marshall.

Ella gritó «no» y salió corriendo pero Elphicke la persiguió, golpeando su trasero con la palma de la mano. «Canturreaba ‘soy un Tory travieso, soy un Tory travieso’ una y otra vez», dijo Marshall.

La mujer — que entonces tenía unos 30 años — llamó a su hermano, quien dijo que sonaba «angustiada … casi histérica». También le contó la escena a un amigo, quien dijo que le parecía que todo sonaba «como un sketch del programa de Benny Hill».

Elphicke admitió haberla besado pero dijo que se detuvo de inmediato cuando se le preguntó, y «negó tajantemente» haberse llamado a sí mismo «Tory travieso», según el tribunal.

El segundo presunto ataque tuvo lugar en abril de 2016. Elphicke — ministro del Tesoro y jefe de bancada — «arrinconó» a una trabajadora parlamentaria de unos 20 años con una botella de champán en su oficina una noche a hora avanzada, según el tribunal.

«Tenía la boca abierta y trataba de besarme,» dijo a la policía. «Fue un desastre repugnante.» Dijo que él trató de tocar sus pechos, y que ella le empujó.

Elphicke preguntó: «¿Cuál es el problema, no te gusto?», escuchó el tribunal. Marshall dijo: «Cuando ella le señaló que su edad estaba más cerca de la de su hija que de la de él, respondió: ‘Oh, sabía que te ibas a referir a mi edad’.»

Una semana después, él la tomó de la cintura por debajo del abrigo y la atrajo hacia él, según el tribunal. Elphicke le habría dicho: «Quizá me comporto mal pero no puedo evitarlo, me gustas mucho.»

Elphicke dijo a la policía que su presunta víctima había exigido una compensación de £5.000, que él sacó del banco en cantidades pequeñas porque no quería que su esposa se enterara.

El exparlamentario niega tres cargos de agresión sexual. El juicio continúa.