A dos semanas de cierre de las solicitudes para el settled / pre-settled status, académicos advierten que grupos vulnerables de ciudadanos de la UE enfrentan pérdida de derechos
Los académicos están haciendo sonar todas las alarmas sobre los cientos de miles de ciudadanos de la Unión Europea residentes en Reino Unido que enfrentan un limbo legal desde este 1 de julio, en que sus derechos a alquilar una casa, trabajar o continuar en la jubilación podrían estar en riesgo.
Solo 13 días antes de la fecha límite del Gobierno para que los nacionales de la UE y EEE y sus hijos soliciten el settled / pre-settled status [«estatus de asentado o pre-asentado»], un informe del centro de estudios UK in a Changing Europe [«Reino Unido en una Europa cambiante»] advierte sobre los peligros que se avecinan para quienes no lo soliciten antes del 30 de junio próximo.
Al grupo académico le preocupa que algunos de los que han presentado la solicitud y aún esperan una decisión de la Home Office [el ministerio del interior británico], incluidos niños y jubilados, podrían enfrentar dificultades si no pueden probar su estado cuando intenten acceder a las prestaciones de seguridad social del NHS o efectuar un viaje.
Últimas estadísticas oficiales muestran que 320.000 personas todavía están esperando una decisión sobre su estatus migratorio: el settled status para aquellos que han estado en el país durante más de cinco años, y el pre-settled status, para quienes viven aquí por menos de cinco.
El informe, titulado Brexit and Beyond, advierte: “Si los solicitantes no pueden demostrar que tienen un ‘derecho de residencia’, perderán sus derechos de inmediato, incluso si su solicitud es válida.
“Es probable que esto afecte de manera más severa a solicitantes vulnerables con casos complicados. Dados los retrasos en el procesamiento de las solicitudes, esta diferencia de trato podría llegar a ser bastante significativa.»
El Gobierno ha prometido que los que están en lista de espera no deben preocuparse y se adoptará “un enfoque pragmático y flexible” en las solicitudes tardías.
Sin embargo Catherine Barnard — subdirectora de la agrupación y profesora de derecho europeo en la Universidad de Cambridge — dijo que las personas deben ser conscientes de la importancia legal de tener uno de estos dos comprobantes, a pesar de las garantías del Gobierno.
“Para solicitar el settled status o el pre-settled status, todo lo que se necesita es ser residente en el país antes del 31 de diciembre. Pero para estar protegido después del 30 de junio, si no se tiene ninguno de los dos, se debe ejercer los derechos del tratado de la UE, lo que significa que estas personas deben tener un empleo, estar trabajando como autónomo, estar en condición de estudiante, o tener medios propios de subsistencia,” manifestó.
Esto significa que los jubilados, así como los hijos menores o cónyuges de un ciudadano de la UE que sean de otro país no perteneciente a la UE, y que hayan solicitado el estatus pero no se les ha concedido, podrían tener dificultades, dijo.
El otro grupo en riesgo es el de aquellos que no sabían que debían solicitar la ciudadanía — lo que podría incluir a adultos mayores que han estado en el país durante décadas y no creyeron que el programa les afectaría, dijo Barnard.
El análisis mostró que solo el 2% de los 5,4 millones de solicitudes se encuentran en la categoría de mayores de 65 años.
Otras categorías vulnerables destacadas por 45 organizaciones benéficas la semana pasada incluyeron a víctimas de violencia, personas sin hogar, niños y adultos bajo supervisión médica.
Barnard dijo: “En principio, el settled status de la UE es un éxito masivo en términos de proporcionar un sistema rápido y eficiente, que ha llegado a un gran número de personas. Pero está a punto de entrar en una fase que requerirá una gestión sensible en la que el Gobierno deberá mostrar pragmatismo y flexibilidad al tratar con casos difíciles.”
A partir del 1 de julio, propietarios y empleadores también serán objeto de multa si alquilan o emplean a personas sin el settled / pre-settled status o que solo lo han solicitado. Los representantes de propiedades arrendadas el año pasado advirtieron que algunos propietarios simplemente optarán por la opción fácil, y alquilarán a británicos e irlandeses — por ser ciudadanos que tienen derechos automáticos.
Según la legislación a punto de actualizarse, los propietarios deberán realizar controles de seguimiento a los inquilinos con pre-settled status y pueden recibir una multa de hasta £3.000 por infringir la ley, mientras que los empleadores pueden recibir multas de hasta £15.000 — y descuentos por reportar con anticipación a posibles infractores ante la Home Office.
Kevin Foster, futuro ministro de Fronteras e Inmigración, instó a quienes no hayan presentado la solicitud a que lo hagan antes del 30 de junio, prometiendo que se protegerán los derechos de quienes aún no hubieran recibido una respuesta.
«Ya hemos confirmado que quien haya hecho su solicitud para el EU Settlement Scheme [Plan de asignación de estatus migratorio para ciudadanos de la UE] antes de la fecha límite del 30 de junio, pero no ha recibido una respuesta para entonces, tendrá sus derechos protegidos hasta que dicha solicitud sea respondida,» afirmó.
Artículo de Lisa O’Carroll, corresponsal del Brexit
Publicado/actualizado en The Guardian el miércoles, 16 de junio de 2021
Traducido al español por Alejandro Tellería-Torres
Enlace al artículo original en inglés: https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jun/16/hundreds-of-thousands-of-eu-citizens-in-uk-risk-uncertain-status-from-1-july
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