THE INDEPENDENT — DOMINGO, 12 DE AGOSTO 2018
Un año después, Charlottesville se prepara ante el retorno de la extrema derecha: foto de fuerte presencia policial en Virginia por temores de que nacionalistas blancos que ocasionaron los disturbios de hace un año puedan volver.
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Se ha hecho un llamado a los ministros para que descarten los planes de verificación nacional de identificación de votantes, ya que su introducción en unas elecciones generales podría costar hasta £20 millones a pesar de que en 2017 solo se alegaron 28 casos de suplantación de miembros de mesas electorales.
Asimismo, se ha instado al gobierno a que abandone las propuestas contenciosas, mientras la Sociedad de Reforma Electoral (ERS) señala que a este ritmo, el costo podría equivaler a £700,000 por cada acusación de fraude.
Los trabajadores han afirmado que las medidas corren el riesgo de excluir a las personas del proceso democrático, y los críticos temen que pueda afectar de manera desproporcionada a minorías étnicas y a los más pobres.
El pedido se produce después de que el gabinete prometiera extender los plazos de las pruebas para el plan, a pesar de que cientos de personas fueron rechazadas durante las mismas, que se realizaron en varios lugares de votación durante las elecciones locales de mayo.
Los detalles del costo potencial, que incluye el precio de contratar y capacitar personal adicional para llevar a cabo controles de identificación, se presentaron disimuladamente en un documento de la Oficina del Gabinete publicado antes del receso de verano.
«Ya sabíamos que esta política era una solución que buscaba un problema, pero ahora parece que será muy costoso», dijo Darren Hughes, director ejecutivo de ERS, a The Independent.
«El plan draconiano del gobierno para obligar a los votantes a identificarse en el colegio electoral podría sumar hasta £20 millones al coste de cada elección.
«En 2017 hubo solo 28 denuncias de suplantación, el tipo de identificación de fraude que se pretende solucionar, que resultaron en una sola condena para 45 millones de votos. De una manera u otra, esta política costará caro a los votantes. El gobierno debería abandonar estos costosos planes antidemocráticos y centrarse en impulsar el compromiso democrático.»
Según un documento oficial de la Oficina del Gabinete, extender esta política en todo Reino Unido para una elección general oscilará entre £4.3 y £20.4 millones para tres modelos diferentes de identificación de votante.
Respondiendo a los cálculos, la ministra laborista de compromiso electoral, Cat Smith, dijo: «Desperdiciar decenas de millones de libras tratando de dificultar el voto de la gente tiene que ser una de las ideas más estúpidas de la historia.»
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