Día: 27 de octubre de 2022

Nuevo primer ministro relaja derogatoria de legislación europea

Rishi Sunak, el nuevo primer ministro británico, ha atenuado su entusiasmo por la eliminación inmediata de la legislación de la Unión Europea, luego de advertencias de que tal medida comprometería el trabajo de cientos de funcionarios en un momento de crisis nacional.

Durante su primera candidatura por el liderazgo conservador en agosto, Sunak prometió que crearía una nueva “unidad de ejecución del Brexit” — promesa ilustrada por el vídeo de un funcionario triturando las leyes de la UE al son del Himno a la Alegría, tema que identifica a la Unión Europea.

Sin embargo, el equipo de trabajo de Sunak admitió ayer que la nueva unidad no se creará. “Ya pasó el momento de los cambios en la maquinaria del Gobierno,” dijo un allegado.

En el vídeo, una voz decía: “En sus primeros 100 días como primer ministro, Rishi Sunak revisará o derogará las leyes de la UE posteriores al Brexit. Todas, las dos mil cuatrocientas.” Ese objetivo tampoco se cumplirá, confirmaron funcionarios del Gobierno.

Mientras tanto, Sunak no ha nombrado a ningún «ministro de oportunidades del Brexit» dedicado a esa tarea exclusivamente — título entregado por Boris Johnson a Jacob Rees-Mogg, quien lo tomó al asumir como secretario de comercio de Liz Truss.

Rees-Mogg ha sido despedido por Sunak, y Downing Street dijo que el trabajo de supervisar las oportunidades de Brexit se otorgará a otro ministro en el departamento de negocios internacionales, pero que no sería un puesto de trabajo «independiente».

Mientras tanto, funcionarios del Gobierno también dicen que Sunak está considerando seguir adelante o no con una «cláusula de extinción» de 2023 para la regulación de la UE — pieza central de un proyecto de ley que se encuentra en trámite de aprobación en el Parlamento.

Se ha advertido a los ministros que sería necesario ocupar a cientos de funcionarios que evalúen las 2.400 leyes de la UE retenidas, y decidir si deben ser derogadas o transferidas a la legislación británica.

Rees-Mogg recibió la advertencia de que, solo en su despacho, necesitaría dedicar 400 empleados para revisar o derogar las 300 leyes de la UE de las que era responsable.

El Ministerio de Sanidad estimó que necesitaría 100 empleados para realizar el mismo ejercicio, según funcionarios conocedores del proceso.

Aunque algunos ministros creen que el servicio civil ha exagerado la escala de la tarea, uno de ellos dijo: “Igual es un desperdicio.”

Funcionarios del Gobierno afirman que Sunak y Grant Shapps, el nuevo secretario de comercio, aún tienen que decidir si cumplir con la fecha límite de 2023 o retrasarla. “Tal como está ahora, es en 2023”, dijo Downing Street. “Es demasiado pronto para decirlo.”

El proyecto de ley de la UE retenido — que tuvo su segunda lectura en la Cámara de los Comunes el martes — contiene «un poder de extensión» que podría permitir que la fecha límite se retrase hasta 2026, si es necesario.

Según sus allegados, Rees-Mogg creía que algunos ministros darían largas con el tema pero que otros, como Steve Barclay — el nuevo titular de sanidad — sí acelerarían la derogatoria de leyes de la UE no deseadas.

Hablando en el debate del martes, el parlamentario conservador Richard Graham expresó «serias dudas» sobre cuán práctica es esta medida, en respuesta a lo cual Rees-Mogg afirmó que a Graham «nunca le había gustado la decisión de abandonar la Unión Europea».

Antes de la segunda lectura una coalición de organismos como el Congreso de Sindicatos (TUC), la RSPB y el Wildlife Trust [entidad de beneficencia de la vida silvestre], instaron a Sunak a eliminar completamente la medida.

En una declaración conjunta, dijeron: “Nos preocupa que, si se aprueba como ley, cause confusión e interrupción significativas para empresas, trabajadores y quienes buscan proteger el medio ambiente natural.”

Un destacado parlamentario del ERG [grupo parlamentario que apoya al Brexit] dijo que Sunak les había asegurado estar comprometido con el Proyecto de Ley de la UE retenido, así como con la legislación para revocar el protocolo de Irlanda del Norte.

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