THE DAILY TELEGRAPH — JUEVES, 11 DE OCTUBRE 2018
Theresa May [foto] pedirá hoy jueves a su «gabinete de guerra» del Brexit que acepte un plan de salvaguarda (‘backstop’) que mantenga a Reino Unido dentro de la unión aduanera con Bruselas hasta que se pueda acordar un acuerdo comercial permanente.
Se entiende que los negociadores británicos y de la UE acordaron en principio un ‘backstop’ en todo Reino Unido para evitar una frontera física en Irlanda del Norte que evitaría el obstáculo final que impide un acuerdo de salida.
Por su parte, Boris Johnson dijo que el acuerdo convertiría a Reino Unido en una «colonia permanente de la UE» mientras el DUP ha amenazado con romper el acuerdo de confianza y suministro con los conservadores, y posiblemente derribar al gobierno al retirarle su apoyo si la Primera Ministra sigue adelante con el plan, que describió como «vendido».
El miércoles, el DUP demostró que iba en serio al abstenerse de votar sobre una enmienda laboral a la Ley de Agricultura, después de que sus parlamentarios comenzaran con sus demandas al presidente de la cámara Julian Smith.
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El jefe de NHS ha sugerido que se obligue a Facebook e Instagram a financiar el tratamiento de problemas de salud mental debido al daño causado por las redes sociales.
Simon Stevens dijo que el gobierno debería considerar la introducción de un «impuesto a la salud mental» para financiar el tratamiento del NHS de los problemas alentados por dichos sitios web.
Las declaraciones llegan ante la preocupación de que los niveles de ansiedad, angustia y depresión entre los niños y adolescentes está alcanzando niveles epidémicos, con una de cada cinco adolescentes autolesivas.
Stevens dijo en una cumbre mundial que ahora hay un conjunto convincente de evidencia que demuestra el impacto perjudicial de las redes sociales en niños, que parece estar fomentando el aumento de las admisiones en los servicios de salud mental.
Asimismo, el funcionario instó a los ministros a considerar la creación de un impuesto a los gigantes de las redes sociales para financiar el tratamiento de tales problemas, de la misma manera que los bancos y las empresas de apuestas pagan un impuesto para «compensar» el daño que puedan causar.
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Los grandes empleadores se verán obligados a publicar su «brecha salarial de origen étnico» para ayudar a crear una «fuerza laboral más justa y más diversa», anunció la Primera Ministra.
Theresa May ha abierto una consulta sobre un requisito legal para que los empleadores del sector público y privado publiquen la diferencia salarial entre los trabajadores blancos y los de minorías étnicas.
Dijo que con demasiada frecuencia las minorías étnicas sentían que estaban «golpeando un muro» y que una mayor transparencia ayudaría a garantizar que los consejos de la empresa «reflejaran verdaderamente los lugares de trabajo que administran».
Los planes se basan en la legislación sobre la brecha salarial de género que exige que las empresas con más de 250 empleados publiquen la diferencia salarial que hay entre los salarios de hombres y mujeres.
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