THE INDEPENDENT — SÁBADO, 2 DE MARZO 2019
Pakistán devuelve al piloto capturado: foto de Abhinandan Varthaman, comandante de la fuerza aérea india, en la frontera con su país, ayer.
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El controvertido esquema de derecho al alquiler que esta auspiciando el gobierno causa discriminación racial y viola leyes de derechos humanos, según el Tribunal Superior.
Se ha dictaminado que la ley, que exige que los propietarios privados verifiquen el estado migratorio de los posibles inquilinos, viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El juez Martin Spencer ha revelado que la medida causa que los propietarios discriminaran contra británicos negros, de minorías étnicas y residentes extranjeros en Reino Unido.
También dictaminó que la implementación del plan en Escocia, Gales o Irlanda del Norte sin una evaluación adicional sería «irracional» y violaría leyes de igualdad.
«Las pruebas, cuando se tomaron juntas, demostraron firmemente que no solo los propietarios están discriminando a posibles inquilinos por motivos de nacionalidad y etnia, sino también que lo están haciendo debido al plan», dijo el juez Spencer a la corte ayer viernes.
«Desde mi punto de vista, el esquema introducido por el gobierno no solo proporciona ocasión u oportunidad para que propietarios privados discriminen, sino que hace que lo hagan cuando no lo harían.»
Los cambios, que entraron en vigor en 2016, requerían que los propietarios privados verifiquen el estado migratorio de los posibles inquilinos, o enfrenten multas ilimitadas o incluso prisión por alquilar a inmigrantes indocumentados.
Spencer dijo que la propia evaluación del gobierno de derecho al alquiler «no consideró la discriminación por motivos de nacionalidad, solo por motivos étnicos», a pesar de que era una consecuencia «lógica y totalmente predecible».
«Las salvaguardias utilizadas por el gobierno para evitar la discriminación, es decir, la orientación en línea, el asesoramiento telefónico y los códigos de conducta y práctica, han resultado ineficaces,» continuó la sentencia.
«El gobierno no puede eludir su responsabilidad por la discriminación que se está produciendo al afirmar que dicha discriminación es llevada a cabo por propietarios que actúan en contra de la intención del plan».
El juez determinó que el derecho al alquiler tenía «poco o ningún efecto» en el control de la inmigración y que el Ministerio del Interior «ni siquiera ha hecho algo cercano» a justificarlo.
El proceso legal fue iniciado por la Asociación de Propietarios Residenciales (RLA) y el Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes (JCWI, por sus siglas en inglés), que calificaron el derecho al alquiler una «pieza clave de la política de ambiente hostil de Theresa May».
Chai Patel, director de política legal de JCWI, dijo: «Ahora que el Tribunal Superior ha confirmado que la medida de May causa activamente la discriminación, el Parlamento debe actuar de inmediato para deshacerse de ella.»
HOY 